El problema serio en la asignación del presupuesto público del país, es que no está orientado a satisfacer  las principales necesidades de la población, coincidieron en afirmar hoy en el Programa Primera Plana, representantes de la sociedad civil de Nicaragua.

Para Adolfo Acevedo, miembro de la Coordinadora Civil de Nicaragua el
presupuesto debe ser el reflejo del país que queremos, debe ser producto de un consenso en la Asamblea Nacional.

Agregó que  la educación y la salud deberían ser los principales temas de agenda de este gobierno, sin embargo con la aprobación de este presupuesto no quedó muy clara cual es la prioridad. "Yo desafío al sistema político y empresarios del país para que comencemos a concentrarnos  en estos problemas y no  nos desgastemos en luchas de poder" dijo Acevedo.

Recalcó, que invertir en educación es estratégico para poder ser
competitivos en la región y puso como ejemplo a Kenia, un país dos veces más pobre que Nicaragua, pero que invierte el 7 por ciento de su producto interno bruto en  la educación,  nuestro país solo se  invierte el 4 por ciento dijo.

Carlos Tunnerman, del Movimiento por Nicaragua, quien también participó como invitado en el programa, coincidió con Acevedo y agregó que no solamente Kenia, si no también Namibia y otros países pobres, tienen como prioridad la educación, ya que para ellos es una inversión, en la que destinan entre el 7 y 8 por ciento de su producto interno bruto. Esto es casi el doble de lo que  Nicaragua destina a la educación, donde la población rural en muchos casos no pasa del segundo grado, "en esta situación es muy difícil pensar que vamos a ser competitivos" explicó.

Tunnerman, aclaró que  lo más importante, no es aumentar el presupuesto para seguir haciendo lo mismo,  "hay que revisar el currículum escolar para que los estudiantes salgan con valores morales y muy bien preparados para poder atender las necesidades de la población" aseguró.

Agregó que  los resultados  del último censo realizado a la población,
reflejaron que las expectativas de los sectores más marginados de la
sociedad están puestas en la educación.  "La educación es el horizonte del futuro de nuestro país" aclaró.

Durante la entrevista del programa, ambos invitados tuvieron similares
puntos de vista al ser consultados sobre el tema de los 12 millones de
córdobas que el PLC y el Frente Sandinista trasladaron del presupuesto
nacional a la universidad Católica.

Al contestar esta pregunta, Carlos Acevedo, explicó que los recursos
públicos nos pertenecen a todos los ciudadanos por tal motivo las
asignaciones presupuestarias deben ser transparentes bajo criterios muy claros. Si habrían de financiar un programa ese debería se criterio del MEDC y no de la Asamblea Nacional.


Agregó el tiempo apremia que Nicaragua tiene una ventana de oportunidades de 10 a 15 años, en la que la población en edad de trabajo está creciendo, si estos jóvenes encontraran trabajo esta situación económica mejoraría, pero con mucha suerte logran encontrar ocupaciones que en muchos casos los van a mantener postrados en una vida de pobreza por los siguientes 50 años.

Mientras tanto la  población mayor de 64 años está creciendo sin haber
logrado un desarrollo mínimo del país por no haber invertido en el capital
humano que es la educación, concluyó Acevedo.

Por su parte Carlos Tunnerman, dijo que no es correcto privilegiar a una
institución por encima de las universidades estatales, esos 12 millones de córdobas, para una universidad privada revelan claramente una intensión política que favorece a esa institución, porque hay otras alternativas que a lo mejor podrían tener más impacto a nivel nacional.

Sí el gobierno quisiera hacer un gran  programa para preparar a los maestros empíricos del país, creo que se debió haber aprovechado a las universidades nacionales que tienen cedes regionales y una gran trayectoria, estas podrían jugar un papel importante en este proyecto porque  tienen más facilidades de acceso.

Agregó que si el gobierno quiere la partición de universidades privadas, en ese caso sería una venta de servicios, por lo tanto para tener un criterio legal  debería haberse abierto una licitación  para que participaran otras universidades privadas interesadas  en  ofrecer sus servicios, dijo
Tunnerman.