El gobierno sandinista podría estar actuando al margen de la Ley y en
contra de la Constitución Política de Nicaragua, al pretender imponer el
control de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), sobre cualquier
autoridad del país y al querer atribuir a estos la implementación de
políticas públicas de la nación.

Este fue uno de los principales temas de análisis que se abordó durante
un panel especial que realizó hoy el Programa Primera Plana de Canal 2 y el diario La Prensa con representantes de diversos sectores del país.

Según Gabriel Álvarez, especialista en temas jurídicos, la base legal
para el funcionamiento de los CPC se dio en las reformas a la Ley 290 y
explicó que la Ley 612 faculto al Presidente a crear secretarias de
consejos, "pero que les delimito de manera muy clara sus facultades y su naturaleza".

“Se decía en esa Ley que no iban a tener facultades ejecutivas y que
iban a ser instancias de coordinación interinstitucional y de
participación”.

Pero según Álvarez, la actual pretensión del gobierno va muchísimo más
allá de estas supuestas instancias de participación. “Creo que ya va
siendo hora de analizar a profundidad el carácter antidemocrático de
estos Consejos”.

“Según el gobierno los CPC persiguen ampliar el carácter democrático
participativo de la población, pero la verdad es todo lo contrario” explicó.

Añadió que el Artículo Número 2, de la Constitución Política de
Nicaragua, que dice “que el poder lo ejerce el pueblo a través de sus
representantes, de manera directa como lo dice la Constitución y las
Leyes y no de la manera como se le pueda ocurrir a cualquiera” dijo.

Agregó que una situación de ese tipo es el predominio de la muchedumbre y de la anarquía, “es la institucionalización de la turba como un concepto más político y un mecanismo del ejercicio del poder del actual gobierno”.

Para Álvarez la sociedad democrática contemporánea tiene dos elementos básicos distintos e inseparables y estos son:El estado de derecho que siempre debe estar sometido a la Ley y el carácter democrático.

“No se puede concebir en la actualidad un estado de derecho que no sea democrático o un estado democrático que no se someta a las leyes”
asegurando que si el gobierno solo se va preocupar por el carácter
democrático, entonces Ortega no podría ser presidente, porque ganó con
el 38% y aclaró que "es presidente, porque la Ley señala que el que
tiene más del 35% en una contienda electoral es presidente” dijo Álvarez..

Para Violeta Granera, directora ejecutiva del Movimiento por Nicaragua
(MpN) es evidentemente el empecinamiento del gobierno por irrespetar la Ley y explicó que Ortega fue bastante claro al expresar que no le
importa si la Asamblea Nacional deroga las reformas a la Ley 290, o sea
que aunque sean ilegales estos consejos van a seguir en su mismo plan.

Ambos invitados coincidieron en que si los nicaragüenses no logran que
el gobierno se encause en la institucionalidad y la legalidad “todos
vamos a sufrir las consecuencias especialmente la gente que tiene menos recursos”.