Hugo Torres, Exgeneral de Ejercito, aseguró hoy en el Programa Primera Plana de Canal 2 y el Diario La Prensa,  que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), representan  uno de los pilares fundamentales del afianzamiento del poder político del Pdte. Ortega, su familia y su grupo más cercano.

Según Torres, el gobierno del Pdte. Ortega lejos de estar pensando en el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática,  está centrado  en el
fortalecimiento de su proyecto personal y familiar y en este sentido "los
consejos se constituyen en uno de los pilares fundamentales de ese
apuntamiento" dijo.

Agregó que el otro pilar lo representa la "ayuda venezolana que significa
disponer de unos 250 millones de dólares al año" que podrían ser utilizados por el gobierno actual para financiar los CPC.

Para Alejandro Bendaña, Director del Centro de Estudios Internacionales del (CEI), el problema radica en que los Consejos del Poder Ciudadano, no son un proceso de auto organización de la gente si no que es producto de una orientación vertical del gobierno hacia la población.

“Creo que es muy bueno que se multipliquen todas las organizaciones, pero que no sean controladas o amordazadas por un tipo de poder u otro” expresó.

Añadió que estos consejos no contribuyen a una fuerza de cambio, donde la gente exige más espacio y más control sobre el estado y sobre los partidos políticos. “Para que haya más participación, el gobierno no te puede decir que te vas a organizar y cómo lo vas hacer”.

Según Bendaña un autentico proceso de izquierda significaría desatar a  
todas esas fuerzas vivas de la sociedad y confiar en la inteligencia del
pueblo.
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QUIEREN CONFISCAR ARENAS BAY
Abogados de inversionistas del Proyecto Arenas Bay, denunciaron hoy en
Primera Plana que el estado de Nicaragua, por medio del Procurador Regional del Sur, Wilbert  Ibarra, pretende anular la compra de unos lotes de tierra en Tola, Rivas donde se edifica el proyecto turístico “Arenas Bay”.

Lo que ha sido catalogado por los inversionistas como una clara intención confiscatoria de la propiedad por el gobierno de Daniel Ortega, debido a que los socios denunciaron que personajes ligados al Frente Sandinista (FSLN) les estaban extorsionando y pedían cuatro millones de dólares.