Magistrados del Poder Judicial coinciden en buscar el equilibrio entre los poderes del Estado a través de nuevas reformas a la Constitución, pero difieren en cuanto a cómo lograrlo.

Nicaragua posee un régimen presidencialista. Pero si los políticos acuerdan que es el Poder Legislativo el que debe regir el destino del país, el Magistrado de tendencia sandinista Rafael Solís sugiere que el cambio cuente con el visto bueno de la población a través de un referendum a la par de las elecciones municipales.

El Magistrado Guillermo Selva de tendencia liberal, señala que el Presidente de la República concentra aún muchos poderes como la elaboración del Presupuesto General de la República. Selva dice que se debe buscar el equilibrio y señala que este se puede lograr a través de una Constituyente o de una reforma parcial a la Constitución. Pero ambos magistrados coinciden en que el cómo depende del grado de las reformas que acuerden los partidos políticos.

En el caso de una constituyente implica elegir a nuevos diputados con el mandato exclusivo de elaborar una nueva Constitución Política. Pero Solís señaló que es un proceso muy costoso.

Aunque la comisión de la Asamblea Nacional que preparará el anteproyecto de reformas constitucionales será integrada hasta este jueves, Solís señala que se debe modificar el sistema de selección de los miembros de los poderes del Estado y sus períodos.

"En ultima instancia que al menos los legisladores elijan un porcentaje de las propuesta de la sociedad civil", señaló Solís.

Mientras, Selva descarta esa posibilidad, ante la necesidad de los partidos políticos de elegir a las personas que ellos proponen.

Hay que destacar que desde su creación en 1987, la Constitución, sufrió reformas para adelantar las elecciones de 1990. Hubo también reformas profundas que restaron facultades al Poder Ejecutivo en 1995. En 1999 las reformas fueron conocidas como las del pacto liberosandinista que establecieron la diputación regalada para el presidente saliente, y las más frescas en el 2005 que no entraron en vigencia debido a una prórroga consensuada entre las bancadas de la Alianza Liberal Nicaraguense y el Frente Sandinista.

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