La reducción salarial que decretó el presidente de la república para los funcionarios del poder ejecutivo con el fin de dirigir esos fondos a la solución de demandas de los sectores sociales más desprotegidos, es aplaudida por los directivos del centro nicaragüense de derechos humanos (Cenidh).

Sin embargo, el posterior decreto presidencial de asignar jugosos salarios para los coordinadores de los diversos consejos presidenciales se contradice con la supuesta política gubernamental de ahorro y austeridad, incumpliendo la ley 290, de organización y competencias del poder ejecutivo. Así lo afirmó la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez de Escorcia, al presentar este viernes ante los hombres y mujeres de prensa el informe número 16 de este organismo no gubernamental, sobre el respeto o violación de los derechos humanos en Nicaragua.

“Con esa dualidad de actuación, el presidente Ortega se burla del pueblo, ya que mientras le reduce los megasalarios a muchos funcionarios públicos, crea una serie de consejos cuyos coordinadores ganarán tres mil dólares mensuales”, acotó Núñez.

Al centrarse en los índices de violación de los derechos humanos en Nicaragua, la presidenta del CENIDH, indicó que este organismo en el 2006 recibió 1,767 denuncias , de las cuales 636 en contra de particulares y 507 en contra de la Policía Nacional.

El abogado Bayardo Izabá, también directivo del CENIDH, reiteró que contra los particulares se registra el mayor número de denuncias de violación de derechos humanos, comprobando que un 81 por ciento de ellas eran reales y que en segundo lugar como violador de los derechos humanos aparece el órgano policial.

También en este informe se refleja que el poder judicial ha perdido credibilidad, ya no por la falta de acceso a la justicia de las víctimas de diferentes delitos, sino por la vinculación de muchos magistrados a partidos políticos.

“Un ejemplo es la pérdida de las arcas de la corte suprema de justicia de los 109 millones de dólares retenidos a la narcoactividad, que quedó en completa impunidad y sin esclarecerse”, dijo la presidente del CENIDH, Vilma Núñez, tras agregar que a ésto se suma al sinnúmero de jueces y hasta magistrados involucrados en la liberación de “gruesos” narcotraficantes.

La penalización del aborto terapéutico por los diputados de la asamblea nacional con fines electoreros, con lo que se le resta el derecho a la vida a las mujeres en riesgo, es otra fragrante violación de derechos humanos en Nicaragua, concluye diciendo el informe del centro nicaragüense de derechos humanos (Cenidh).

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