La “ruta del rescate de la educación pública” que recorrió el presidente Ortega y el Ministro de Educación Miguel de Castilla, inició en el Centro Nacional República de Dinamarca, donde cientos de niños, sus padres y maestros aguardaban al mandatario sandinista, evocando los tiempos de la campaña política, cuyo tema musical fue el preámbulo.

El ministro de educación reconoció que según los datos preliminares hasta el sabado 27 de enero, habían inscrito a un millón 300 mil alumnos, cifra menor que la reportada por la administración Bolaños,cuando un millón 600 mil alumnos ingresó a las aulas de clases.

El presidente Ortega, luego de un improvisado intercambio de información estadístico con el titular de educación dijo que espera que la exigencia de uniformes o escarapelas no sea un inconveniente para que los niños asistan a clases e insto a los padres de familia a invertir el dinero de esos requisitos en alimentación de los menores. No obstante antes de esta administración, el uso de la escarapela o insignia escolar no era exigida en las escuelas en los barrios más pobres.

El recorrido presidencial y de las autoridades de Educación comenzó en un centro de Ciudad Sandino cuyos docentes exigieron mayor apoyo económico para reconstruir sus instalaciones. Al menos tres de los pabellones están a punto de caer y las condiciones insalubres de los baños amenazan con causar una epidemia de dengue o diarrea."Esperamos una mayor ayuda porque esto no hay que repararlo, hay que botarlo y volverlo a hacer", dijo enfáticamente la profesora Vanessa Cortez, docente del Centro Nacional Dinamarca.

Controversia sobre logo presidencial

El titular de Educación dijo desconocer que el logotipo utilizado por el gobierno de Daniel Ortega, utilizado en la papeleria general de la Presidencia y otras dependencias e instituciones del Estado, viola el decreto 1908 publicado en La Gaceta, diario Oficial el 27 de agosto de 1971, Ley sobre las características y uso de los símbolos patrios. La arbitrariedad que también puede crear confusión en la asignación de Ciencias Sociales, fue denunciada por diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense. La directora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, no quiso el lunes opinar sobre el tema.

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