El Presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Lic. Eduardo Montealegre, señaló hoy que el mecanismo de introducción de las plantas generadoras de electricidad que actualmente funcionan en el país, podría ser ilegal. Esta afirmación la hizo durante una entrevista realizada en el Programa Primera Plana.

“Si esas plantas fueron compradas, debieron ser licitadas, para que el proceso fuera legal, pero el problema es que ya están operando en el país, son caras y no tienen garantía” dijo Montealegre.

Según Montealegre, este caso debe pasar a la Comisión de Infraestructura, de la Asamblea Nacional, ellos tienen la obligación de investigar como fue el proceso de adquisición de estas plantas  energéticas Venezolanas dijo. “Si son regaladas no hay problema, pero si son compradas, la institución del Gobierno que hizo esta negociación debió haber cumplido con los requisitos que establece la Ley”, explicó.

 Montealegre, advirtió  el riesgo que corre el país con la negativa del Presidente Ortega  de no permitir que en Nicaragua se desarrollen proyectos de producción de biocombustible o etanol. “Nuestro país  cuenta con dos millones setecientos cincuenta mil hectáreas de tierras que podrían ser utilizadas para producir etanol o biocombustible” dijo.

Agregó que la tierra ociosa, no produce ninguna ganancia, en cambio se podría producir maíz, yuca, caña, palma africana, de donde se extrae biocombustible o etanol y a la vez garantizar fuentes de trabajo para la población.

“Mientras el Presidente Ecuatoriano, Rafael Correa, firma acuerdos de cooperación con Brasil, dirigidos promover la producción de energía y biocombustible en su país, Nicaragua se da el lujo de  rechazar estos proyectos”  aseguró.

Según Montealegre esta decisión del Presidente Ortega se debe a intereses personales y partidarios ya que según expertos en economía los acuerdos firmados entre  los presidentes, Chávez  de Venezuela y  Ortega de Nicaragua, podrían significar más de 300 millones de dólares de crédito al año, que no tendrían  ningún tipo de  regulación, pero que representarán una deuda  más para el pueblo de Nicaragua.

 Montealegre señaló que este dinero podría ser utilizado para financiar campañas políticas del frente sandinista, o para beneficiar a  personas afines a este gobierno, sin importar las deudas a las que quedaría sometido el país.