La falta de un reglamento que regule el uso de las diferentes costas ubicadas en todo el territorio nacional provoca descontento, entre la población que exige el cumplimiento de su derecho histórico de usar las playas del país y el del  inversionista que exige su derecho a la propiedad privada.

Según Carlos Noguera, Presidente de la Comisión de Turismo en la Asamblea Nacional este problema se debe a un artículo de Ley  aprobado desde 1917, que dice textualmente que  las costas del país después de 250 metros de la marea alta en el mar, son propiedad del estado y por lo tanto para el uso público de la población.

Esta Ley según Noguera, es desconocida por muchos inversionistas, quienes compran propiedades cercanas a los balnearios del país.

Actualmente,  explicó existe un anteproyecto de Ley de Costa, que tiene como objetivo regular este tipo de situaciones. “Pero nosotros los diputados del PLC hemos decidido informarnos mejor, hemos  invitado  a que se realice  un seminario sobre este tema, con la participación de todos los sectores involucrados, para aprobar una Ley consensuada” manifestó.

Por su parte, Juan Iván Bugna, Presidente de la Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria,(CANTUR),  explicó que existe muchas situaciones que los inversionistas han solucionado conversando con la población, pero que hay otras situaciones que tienen que recurrir a un proceso legal.

Una de estas son las escrituras que emiten algunos alcaldes municipales, donde aparece  como límite de una propiedad,  la costa del mar.“Ellos venden las costas a sabiendas que son propiedad del estado, pero el inversionista no lo sabe ¿a quien debemos demandar después? ”, dijo.

Agregó que otro de talle es que las alcaldías no pueden vender propiedades frente a las costas con derecho perpetuo, es decir solamente se venden cómo arriendo por 10 años. “Con esta situación que inversionista serio va gastar a quí su dinero” explicó.

Por su parte el Dr. Alberto Novoa, exprocurador de la República, explicó que es de mucha importancia analizar esta situación, ya que en la actualidad las alcaldías cobran a los turistas para que estos puedan entrar en las playas públicas, cuando este es un derecho del ciudadano. “Yo no estoy de acuerdo con este cobro  porque violenta la Ley”, aclaró.

Por otro lado cuando las alcaldías arriendan propiedades cercanas a  los balnearios, deben de garantizar que existan vías de acceso de la población a las playas. “El Problema es que con tantas propiedades privadas cerca de las costas, resulta casi imposible poder llegar a las playas para disfrutar “ explicó Novoa.